La Paz, Baja California Sur.- El salario mínimo en México subió un 12% a partir del 1 de enero de 2025, alcanzando los 278.80 pesos diarios a nivel nacional en beneficio de millones de trabajadores del país; sin embargo, en Baja California Sur, el verdadero problema para los empresarios no radica en el nuevo monto, sino en los costos adicionales que este acarrea.
Al respecto, Julia Lorena Hinojosa Oliva, consejera de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) en La Paz, señaló que la carga fiscal sobre el salario mínimo aumenta las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), INFONAVIT, Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y otros tributos relacionados.
“Aquí en Baja California Sur no pagamos el salario mínimo, siempre ofrecemos más, pero los incrementos fiscales asociados son lo que realmente nos afecta. Más pago al Seguro Social, más al INFONAVIT, al ISR, al Impuesto Sobre la Nómina […] todo eso es lo que nos golpea”.
Mayor carga para el sector formal
El incremento al salario mínimo fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 5 de diciembre y aplica para todo el país, excepto en la Zona Libre de la Frontera Norte, donde los montos son mayores.
En Baja California Sur, aunque el salario mínimo no es un estándar en la mayoría de las empresas, el aumento en prestaciones y tributos genera una mayor carga económica para el sector formal.
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes perciban únicamente el salario mínimo no están obligados a pagar más impuestos gracias al subsidio al empleo y la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR); no obstante, esta ventaja no aplica a los empresarios, quienes asumen mayores costos en sus nóminas y contribuciones fiscales.
El desafío interminable: la informalidad comercial
Hinojosa Oliva también expresó su preocupación por el crecimiento del comercio informal, un fenómeno que considera “agravado por la presión fiscal al sector formal”.
“Las nuevas cargas impositivas dañan al empresario formal, mientras el comercio informal sigue creciendo. Millones de empleos informales no enfrentan estas obligaciones, y eso genera una competencia desleal. Es necesario estudiar estrategias para revertir esta situación y fomentar una economía más equilibrada”.
En México, el comercio informal representa el 56.5% de la población ocupada, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al tercer trimestre de 2024.
Lo anterior, implica que más de la mitad de los trabajadores no están sujetos a las mismas obligaciones fiscales que las empresas formalmente constituidas.
Por tal motivo, la consejera solicitó a la federación, incluyendo a diputados y senadores, que se realice un análisis profundo sobre este tema que adolece al sector.
“Suplico a quienes están en la Cámara de Diputados y Senadores que analicen estrategias para evitar que el comercio informal crezca aún más. Es vital que se encuentren soluciones que no sigan cargando la mano al sector formal, que ya soporta gran parte de la carga fiscal en el país”.
Con el aumento al salario mínimo ya en vigor, comentó la consejera, el reto para los empresarios sudcalifornianos formales y del país es mantenerse competitivos y cumplir con sus obligaciones fiscales sin comprometer su estabilidad financiera y laboral, y al mismo tiempo, queda en manos del gobierno buscar formas de integrar al comercio informal a la economía para promover la equidad tributaria.
